Ataques de drones empeoran en Sudán, según la ONU

La ONU informa que más de 80% de las muertes civiles en Sudán este año fueron causadas por ataques de drones. La comunidad internacional se preocupa por la situación en Sudán. La ONU destaca la necesidad de proteger a la población civil.

Análisis GNP

La situación en Sudán ha alcanzado un nuevo y alarmante punto crítico, con la Organización de las Naciones Unidas informando que más del ochenta por ciento de las muertes civiles registradas este año han sido directamente atribuibles a ataques de drones. Esta estadística subraya la devastadora evolución del conflicto, donde el uso de tecnología avanzada está teniendo un impacto desproporcionado y letal sobre la población no combatiente, transformando la naturaleza de la violencia en el país.

El reporte de la ONU no solo destaca la escala de la tragedia humana, sino que también pone de manifiesto una preocupante tendencia en los conflictos contemporáneos: la creciente letalidad de los sistemas de armas no tripulados. La capacidad de los drones para operar en zonas densamente pobladas sin distinción clara entre objetivos militares y civiles plantea serias interrogantes sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario y la protección de los derechos humanos fundamentales.

Ante este panorama desolador, la comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación y ha reiterado la urgencia de salvaguardar a la población civil. La llamada de la ONU a proteger a los inocentes resuena como un recordatorio crítico de las responsabilidades de todas las partes involucradas en el conflicto, así como de la necesidad de una acción concertada para mitigar el sufrimiento y buscar una resolución pacífica a la crisis.

Puntos clave

• Más del ochenta por ciento de las muertes civiles en Sudán este año son atribuidas a ataques de drones, según la ONU.
• La Organización de las Naciones Unidas enfatiza la necesidad crítica de proteger a la población civil en el conflicto sudanés.
• El uso generalizado y letal de drones representa una preocupación significativa para el derecho internacional humanitario.
• La comunidad internacional mantiene su preocupación por la escalada de violencia y el impacto humanitario en Sudán.

Contexto

El actual conflicto en Sudán estalló en abril de 2023, resultado de una amarga disputa por el poder entre el Ejército Sudanés (SAF), liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una poderosa milicia paramilitar encabezada por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Esta confrontación se produjo después de meses de tensiones crecientes tras el golpe militar de 2021, que descarriló la transición del país hacia un gobierno civil y consolidó la rivalidad entre estas dos facciones militares clave. La lucha ha sumido al país en el caos, exacerbando una crisis humanitaria preexistente.

Desde el inicio de las hostilidades, la capital Jartum y otras ciudades importantes se han convertido en campos de batalla, con intensos combates terrestres, artillería y, cada vez más, ataques aéreos y de drones. La infraestructura vital ha sido destruida, millones de personas han sido desplazadas interna y externamente, y el acceso a alimentos, agua y atención médica se ha visto severamente restringido. El uso de drones, inicialmente más limitado, ha escalado significativamente, convirtiéndose en un factor dominante en la mortalidad civil, lo que indica una intensificación y una posible sofisticación en las tácticas de guerra empleadas por las partes beligerantes.

La Realidad Detrás

Lo que los medios mainstream callan

La noticia sobre las muertes civiles en Sudán no es un drama humanitario más, sino un termómetro de un negocio multimillonario que no se detiene por sanciones ni por resoluciones. Quien se beneficia realmente de esta escalada son los fabricantes de drones comerciales y militares, así como los intermediarios que facilitan su llegada a zonas de conflicto. Cada ataque documentado es un argumento de venta para los próximos contratos de defensa, y cada cifra de víctimas se convierte en un justificante para que los países ricos aumenten su gasto en armamento, supuestamente para "proteger" a sus propias poblaciones mientras el mercado de la muerte se expande sin control. La ONU informa, pero no detiene nada; su papel se limita a contar cadáveres mientras los verdaderos actores del conflicto siguen recibiendo suministros.

Los intereses geopolíticos en Sudán son un tablero donde se mueven piezas que no son sudanesas. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han tenido históricamente presencia e influencia en la región, mientras que Rusia busca consolidar su acceso al Mar Rojo a través de bases y acuerdos con las facciones locales. Egipto, por su parte, vigila de cerca el Nilo y cualquier desestabilización que afecte su seguridad hídrica. Quien tiene el poder de decisión real no está en Jartum, sino en las capitales que financian a los bandos enfrentados y en las empresas que venden los componentes de los drones. La tecnología que mata a civiles no se fabrica en Sudán; se ensambla con piezas de varios países, y ahí es donde la comunidad internacional podría actuar, pero no lo hace porque eso tocaría intereses de sus propias industrias.

El precedente histórico es claro y documentado: Yemen. Desde 2015, la coalición liderada por Arabia Saudita usó drones y bombas de racimo en ataques que mataron a miles de civiles, con la ONU documentando violaciones del derecho internacional humanitario y sin que ningún responsable rindiera cuentas. El mecanismo de fondo es el mismo: un conflicto interno o regional se convierte en un laboratorio para probar armamento, mientras las potencias venden tecnología con una mano y piden "moderación" con la otra. La diferencia es que ahora la tecnología es más barata y accesible, lo que multiplica los actores capaces de matar. Si la historia sirve de algo, la comunidad internacional emitirá declaraciones de condena, habrá reuniones de emergencia, y el flujo de armas continuará porque nadie ha establecido un mecanismo real de verificación de origen de los drones.

Para el ciudadano común, esto no es un problema lejano. El costo de la guerra en Sudán se paga en los precios del combustible y los alimentos cuando el Mar Rojo se vuelve inseguro, y en los presupuestos de defensa de los países occidentales que se financian con impuestos. Cada vez que un gobierno anuncia un aumento militar "por las crisis globales", ese dinero sale de los servicios públicos. Además, la normalización de los drones como herramienta de guerra sienta un precedente peligroso para el uso doméstico de esta tecnología: si se acepta que un dron puede matar civiles en Jartum sin consecuencias, ¿qué impide que se use contra manifestantes en cualquier capital del mundo? El derecho a la vida no debería depender de si el dron cruza una frontera o no.

En las próximas semanas conviene vigilar los informes de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que suelen detallar el origen de los ataques y las rutas de suministro. También hay que mirar las actas del Consejo de Seguridad, especialmente los vetos o abstenciones de Rusia y China, que han bloqueado sanciones específicas contra Sudán. Y, sobre todo, seguir las declaraciones de los ministerios de defensa de los países que exportan tecnología de drones, porque cualquier anuncio de "acuerdos de cooperación militar" con los países vecinos de Sudán será la señal de que el negocio sigue floreciendo. La prensa especializada en defensa, como Jane's o Defense News, publicará los contratos y las licencias de exportación, que son el rastro documental que nadie quiere seguir.