Promesa de aeropuerto en Tolú se incumple nuevamente en Colombia

El presidente Petro canceló su visita para inaugurar el aeropuerto de Tolú, que apenas llega al 84,75% de ejecución. La Aerocivil había prometido entregar la terminal el 31 de julio. La obra se encuentra en el departamento de Sucre, en la costa caribeña de Colombia.

Análisis GNP

La promesa de un aeropuerto funcional en Tolú, departamento de Sucre, ha sufrido un nuevo y significativo revés con la cancelación de la visita presidencial para su inauguración. Esta decisión subraya una vez más el incumplimiento de los plazos establecidos, dejando la obra con un 84,75% de avance, lejos de la fecha de entrega del 31 de julio prometida por la Aerocivil. El incidente resalta un patrón recurrente en la infraestructura colombiana.

Este aplazamiento no es un hecho aislado, sino la última manifestación de una serie de postergaciones que han afectado la credibilidad de las instituciones encargadas y la paciencia de la comunidad local. La expectativa de un nodo de conectividad vital para la región Caribe se ve nuevamente frustrada, impactando las proyecciones de desarrollo turístico y económico para el Golfo de Morrosquillo.

El caso de Tolú se convierte en un símbolo de los desafíos persistentes que enfrenta el Estado colombiano en la planificación, ejecución y entrega de proyectos de infraestructura estratégicos. La incapacidad para cumplir con los cronogramas no solo genera sobrecostos, sino que también erosiona la confianza pública y obstaculiza el progreso regional, planteando serias interrogantes sobre la eficiencia de la gestión pública.

Puntos clave

• El incumplimiento reiterado de los plazos de entrega por parte de la Aerocivil y la cancelación de la visita presidencial deterioran la confianza pública en la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de infraestructura.
• La postergación del aeropuerto en Tolú frena el desarrollo económico y turístico del Golfo de Morrosquillo y el departamento de Sucre, limitando la creación de empleo y las oportunidades de inversión.
• Este incidente representa un desafío para la credibilidad de la administración actual, que se ve afectada por la incapacidad de entregar una obra heredada en los tiempos prometidos, impactando su agenda de gobierno.
• El caso de Tolú es emblemático de un patrón nacional de retrasos y sobrecostos en la infraestructura colombiana, que afecta la competitividad del país y la calidad de vida de sus regiones.

Contexto

La aspiración de dotar a Tolú con un aeropuerto moderno y funcional data de hace varias décadas, impulsada por el inmenso potencial turístico de la zona. El Golfo de Morrosquillo, con sus playas y atractivos naturales en Coveñas, Tolú y San Antero, siempre ha sido visto como un destino con capacidad para atraer visitantes nacionales e internacionales, pero su desarrollo ha estado históricamente limitado por la escasa conectividad aérea. Diversas administraciones han intentado reactivar o impulsar la construcción, viendo en el aeropuerto una pieza clave para la diversificación económica del departamento de Sucre, tradicionalmente dependiente de actividades primarias.

A lo largo de los años, el proyecto ha sido objeto de múltiples anuncios, asignaciones presupuestales y reinicios, cada uno acompañado de promesas de pronta finalización que rara vez se materializaron. Factores como cambios de gobierno, problemas contractuales, ajustes presupuestarios y, en algunos casos, deficiencias en la planeación o ejecución, han contribuido a un ciclo interminable de retrasos. Esta situación no es exclusiva de Tolú, sino que refleja una problemática estructural en la gestión de grandes obras públicas en Colombia, donde la continuidad y la eficiencia suelen ser sacrificadas en el altar de los ciclos políticos y las complejidades burocráticas.

La Realidad Detrás

Lo que los medios mainstream callan

El primer beneficiario de esta nueva postergación no es el viajero ni el habitante de Tolú, sino la propia narrativa del gobierno de Gustavo Petro, que evita una foto de inauguración con una obra inconclusa. Un acto de apertura con el 84,75 por ciento de ejecución habría sido un flanco político inmediato, y la cancelación de la visita convierte el fracaso en un simple retraso técnico. El segundo beneficiario es la clase política local de Sucre, que puede seguir presentando la obra como un logro en gestión sin tener que asumir el costo de explicar por qué una terminal aérea prometida para el 31 de julio sigue sin terminar. Quien pierde es el ciudadano que paga impuestos y que lleva años escuchando la misma promesa sin poder usar la infraestructura.

En el centro de la decisión está la Aeronáutica Civil, entidad que fijó la fecha de entrega y que ahora debe explicar por qué no la cumple. El poder de decisión real no está en Tolú, sino en Bogotá, en los despachos de la Aerocivil y del Ministerio de Transporte, que son los que manejan los presupuestos y los cronogramas. El interés económico es doble: por un lado, las constructoras que ejecutan la obra cobran por avance, no por terminación, así que cada mes adicional significa más facturación; por otro, la conectividad aérea del golfo de Morrosquillo tiene un valor estratégico para el turismo y la carga, lo que explica por qué la promesa se repite en cada campaña electoral. Nadie con nombre propio ha salido a asumir la responsabilidad por el incumplimiento, y eso es parte del problema.

El mecanismo de fondo es conocido y está documentado en la historia reciente de Colombia: las grandes obras de infraestructura se anuncian con fechas políticas, no técnicas. El aeropuerto de El Dorado en Bogotá tuvo múltiples retrasos en su ampliación, y la concesión de la Ruta del Sol también arrastró prórrogas y sobrecostos. En todos los casos, el patrón es el mismo: se fija una fecha de entrega antes de tener asegurados los recursos y los permisos, y cuando se acerca el día, se suspende el acto público y se anuncia una nueva fecha. La diferencia es que aquí no hay concesión privada a la que culpar; es una obra pública que depende directamente del Estado, lo que hace el incumplimiento más difícil de justificar.

Para el ciudadano común, el impacto es doble y directo. Primero, en el bolsillo: cada prórroga implica mayores costos de interventoría, seguridad y administración, que se pagan con dinero público. Segundo, en derechos: la promesa de una conexión aérea afecta la movilidad, el empleo y el desarrollo local, y cada retraso profundiza la brecha entre la costa caribe y el centro del país. Quien vive en Tolú o en Sincelejo no tiene alternativa de vuelo cercana, y la falta de la terminal no solo incomoda, sino que encarece el transporte de personas y mercancías. La noticia es un ejemplo más de cómo la planeación estatal falla y el costo lo asume quien no participó en la decisión.

En las próximas semanas hay que vigilar dos cosas concretas. Primero, la nueva fecha que la Aerocivil anuncie para la entrega: si es inmediata, como diciembre, habrá que ver si la obra llega al cien por ciento o si se vuelve a mover el poste. Segundo, el destino de los recursos: hay que revisar si el Ministerio de Transporte anuncia una adición presupuestal para cubrir el sobrecosto, porque eso sería la señal de que el retraso se paga con más dinero público. El lugar para mirarlo es el boletín oficial de la Aerocivil y las declaraciones del ministro de Transporte, no los anuncios del presidente, que ya demostró que puede cancelar una visita sin dar explicaciones.