Los expertos advierten de los problemas de la gestión del monte: "El territorio forestal es fruto del abandono"

Avisan de que crece el riesgo de 'megaincendios' y reclaman un pacto de Estado forestal urgente Leer

Análisis GNP

Expertos en gestión forestal han lanzado una seria advertencia sobre la precaria situación del monte en España, señalando que el territorio forestal actual es, en gran medida, "fruto del abandono". Esta desatención prolongada ha incrementado exponencialmente el riesgo de 'megaincendios', fenómenos destructivos que amenazan no solo la biodiversidad y los ecosistemas, sino también la seguridad de las poblaciones rurales y las infraestructuras vitales. La magnitud del problema subraya la urgencia de una intervención estratégica y coordinada a nivel nacional.

La problemática se agrava al considerar las implicaciones climáticas y socioeconómicas. Un monte descuidado, con acumulación excesiva de biomasa y sin una gestión preventiva adecuada, se convierte en un polvorín ante las condiciones meteorológicas extremas, cada vez más frecuentes. Esto no solo genera pérdidas ecológicas irrecuperables, sino que también supone un coste humano y económico desorbitado en labores de extinción y posterior recuperación, afectando la resiliencia de las comunidades y la capacidad del país para mitigar los efectos del cambio climático.

Ante este escenario crítico, la comunidad de expertos clama por un pacto de Estado forestal urgente. Dicho acuerdo se concibe como una herramienta indispensable para establecer una política forestal coherente y a largo plazo, que trascienda los ciclos políticos y garantice la inversión, la planificación y la gestión activa de los montes. El objetivo es transformar el modelo actual de reacción ante la catástrofe por uno de prevención, sostenibilidad y valorización del patrimonio forestal.

Contexto

Históricamente, la gestión del monte en España estuvo intrínsecamente ligada a las prácticas agropecuarias tradicionales y a la vida rural. Las actividades de pastoreo, la recolección de leña y la agricultura en zonas colindantes funcionaban, de facto, como mecanismos de control de la vegetación y prevención de incendios. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, el éxodo rural masivo y la consecuente despoblación de amplias zonas de interior provocaron el abandono de estas prácticas milenarias. Tierras cultivadas y pastos fueron colonizados por el bosque, dando lugar a una densificación de la masa forestal sin intervención humana.

Esta transformación del paisaje, caracterizada por la expansión de un monte sin gestión, ha creado un ecosistema altamente vulnerable. La falta de desbroces,clareos y aprovechamientos sostenibles ha propiciado la acumulación de ingentes cantidades de combustible vegetal, convirtiendo extensas áreas en paisajes pirofíticos. La inversión en políticas reactivas de extinción ha prevalecido sobre la prevención y la gestión integral, postergando la solución estructural y perpetuando un ciclo de abandono que ahora se manifiesta en la amenaza creciente de incendios de gran magnitud, imposibles de controlar con los medios tradicionales.

La Realidad Detrás

Lo que los medios mainstream callan

Detrás de esta noticia sobre el abandono forestal y los megaincendios hay un claro beneficiario: la industria de la madera, la celulosa y las grandes explotaciones agroforestales. Durante décadas, estas corporaciones han presionado para que se desregule la gestión del monte, abaratando costes al eliminar la limpieza y el mantenimiento que ellos mismos deberían costear. Ahora, al presentar el territorio como un "peligro" por el abandono, justifican la privatización de la gestión forestal y la entrada de sus maquinarias y químicos, vendiendo la solución que ellos mismos crearon. Además, las empresas de seguros y reaseguros se frotan las manos: cada incendio masivo dispara las primas y justifica cláusulas de exclusión por "riesgo climático", mientras los gobiernos terminan pagando la factura de la extinción con dinero público.

Los intereses económicos que los medios mainstream callan son la especulación del suelo y la energía. Grandes fondos de inversión llevan años comprando terrenos forestales abandonados a precio de saldo, sabiendo que la narrativa del "peligro" permitirá recalificarlos para parques eólicos, plantas solares o incluso urbanizaciones de lujo. La geopolítica también juega su papel: la Unión Europea financia programas de "renaturalización" que, en la práctica, convierten bosques en sumideros de carbono contables para las empresas, pero que prohíben a los vecinos pastorear o hacer cortafuegos tradicionales. El resultado es un monte más denso, más seco y más inflamable, que luego justifica contratos multimillonarios para empresas de "prevención" que nunca llegan a tiempo.

Los precedentes históricos son claros y sangrantes. En Portugal, tras los incendios de 2017 que mataron a más de 60 personas, el gobierno impulsó un "pacto forestal" que terminó siendo un regalo a las papeleras y a los fondos de inversión: expropiaciones exprés de terrenos comunales y privatización de la gestión. En California, el "abandono" del bosque se usó para justificar cortas masivas y la entrada de empresas de biocombustibles que queman madera para generar electricidad subsidiada. En España, la historia se repite: la despoblación rural no es un accidente, es una política deliberada de concentración de tierras. Cada vez que un monte se quema, el Estado paga la extinción, pero no invierte en pastoreo controlado ni en pequeñas explotaciones que mantienen el bosque limpio. El fuego es el mejor agente inmobiliario.

Al ciudadano normal, esto le afecta directamente en el bolsillo y en sus derechos. Primero, su factura de seguros subirá cada año, aunque viva en un piso en la ciudad, porque las aseguradoras reparten el riesgo entre todos. Segundo, sus impuestos se disparan para pagar flotas de aviones y brigadas que podrían evitarse con gestión local. Tercero, pierde el derecho a disfrutar de un monte público: cada vez más terreno se cierra al acceso por "peligro de incendio", mientras que las empresas privadas sí pueden explotarlo. Y cuarto, cuando el humo cubra su ciudad, no tendrá a quién reclamar, porque los responsables estarán blindados por contratos públicos y subvenciones europeas. El ciudadano paga la prevención que nunca se hace, la extinción que siempre se necesita y la reconstrucción que nunca llega.

En las próximas semanas, deberías vigilar tres cosas. Primero, cualquier anuncio de "pacto de Estado forestal": fíjate en quién redacta las cláusulas y si incluyen o no la protección de la ganadería extensiva y el pastoreo tradicional. Segundo, los movimientos en el Congreso sobre la Ley de Montes: si se eliminan los derechos de los vecinos a hacer quemas controladas o se facilita la compra de montes públicos por fondos de inversión, sabrás que la noticia era una cortina de humo. Tercero, la contratación de empresas de "prevención": si ves que los mismos nombres que aparecen en los megaincendios ganan los concursos para "limpiar" el monte, el negocio está servido.