La política antidrogas de EE.UU. critica la narrativa sobre el narco en México

Oswaldo Zavala cuestiona la guerra contra el narcotráfico en México, criticando la política antidrogas de EE.UU. que genera una narrativa generalizada sobre la delincuencia organizada en el país. Zavala sostiene que los carteles no existen como una realidad única y homogénea, sino como una construcción social y política. Su idea busca desafiar la percepción pública sobre el narcotráfico en México.

Análisis GNP

La discusión sobre la política antidrogas y su impacto en la percepción del crimen organizado en México ha tomado un giro crítico con las observaciones de Oswaldo Zavala. Su análisis desafía la visión convencional, señalando cómo la estrategia estadounidense no solo influye en las operaciones contra el narcotráfico, sino que también moldea la narrativa que define y generaliza la delincuencia en el país vecino. Esta perspectiva obliga a reevaluar los cimientos sobre los cuales se construyen las políticas de seguridad regional.

Zavala argumenta que la política antidrogas de Estados Unidos es un factor determinante en la creación de una narrativa omnipresente sobre el crimen organizado en México. Esta narrativa, a menudo simplificada, tiende a presentar a los grupos delictivos como entidades monolíticas y homogéneas, los denominados "carteles". Sin embargo, el autor insiste en que esta representación dista mucho de la compleja y fragmentada realidad que caracteriza a la criminalidad en territorio mexicano.

El cuestionamiento de Zavala no es menor; al desmantelar la idea de los carteles como una realidad única, invita a una comprensión más profunda de las dinámicas delictivas, sus motivaciones y su interconexión con estructuras políticas y sociales. Su postura subraya la necesidad de un enfoque más matizado y menos generalizador para abordar el fenómeno del narcotráfico, reconociendo las diversas facetas y construcciones que lo componen en lugar de una interpretación unificada.

Puntos clave

• La política antidrogas de Estados Unidos es el principal motor de una narrativa generalizada sobre el crimen organizado en México.
• La idea de "carteles" como entidades únicas y homogéneas es una construcción, no una realidad monolítica en el terreno.
• Esta narrativa simplifica la complejidad del fenómeno delictivo, ignorando su naturaleza fragmentada y multifacética.
• El análisis de Zavala impulsa una reevaluación crítica de las políticas de seguridad y la percepción pública del narcotráfico en la región.

Contexto

Históricamente, la "guerra contra las drogas" impulsada por Estados Unidos ha ejercido una influencia considerable sobre las políticas de seguridad de México. Desde finales del siglo XX, y con especial énfasis a principios del XXI, iniciativas como la Estrategia Antidrogas Andina o la Iniciativa Mérida, aunque con diferentes alcances, han delineado un marco de cooperación bilateral que a menudo ha priorizado la confrontación militar y la erradicación, generando una dependencia estratégica de México hacia las directrices de Washington. Esta cooperación ha venido acompañada de una fuerte retórica que ha solidificado la imagen de "carteles" poderosos y centralizados.

La narrativa sobre el narcotráfico en México se ha visto profundamente moldeada por este contexto. La descripción de grandes organizaciones criminales operando con estructuras jerárquicas y nombres distintivos se ha arraigado tanto en el discurso oficial como en el popular. Esta construcción ha sido útil para justificar intervenciones, asignar responsabilidades y simplificar un problema intrínsecamente complejo, a menudo ignorando las particularidades regionales, las alianzas cambiantes y la fragmentación interna de los grupos delictivos, presentando un frente unificado que Zavala pone en entredicho.

La Realidad Detrás

Lo que los medios mainstream callan

Quien se beneficia realmente de esta noticia es el propio Oswaldo Zavala, cuyo perfil académico y mediático se fortalece cada vez que la narrativa del narco como entidad monolítica es cuestionada en los grandes foros. Pero más allá del autor, el beneficio político es para el gobierno mexicano actual, que encuentra en estas críticas un respaldo intelectual para justificar su estrategia de "abrazos, no balazos" y desviar la atención de las cifras de violencia que no ceden. La noticia le permite a la administración de Andrés Manuel López Obrador presentar la presión estadounidense como un problema de percepción, no de cooperación en seguridad, lo que alivia la presión interna sobre su falta de resultados contundentes contra el crimen organizado.

Los intereses económicos y geopolíticos en juego son enormes. Por un lado, la industria de la seguridad y el armamento en Estados Unidos depende de la perpetuación de la amenaza narco para justificar presupuestos multimillonarios en la DEA, el Pentágono y el Departamento de Estado. Por otro lado, el poder de decisión sobre la política antidrogas en Washington reside en figuras como la directora de la DEA, Anne Milgram, y el secretario de Estado, Antony Blinken, quienes manejan la narrativa de que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Esta postura no es neutral: sostiene un entramado de inteligencia, interdicción y extradiciones que cuesta miles de millones de dólares al contribuyente estadounidense y que, a su vez, condiciona la relación bilateral con México en materia comercial y migratoria.

El precedente histórico público y conocido más cercano es la llamada "guerra contra las drogas" declarada por Richard Nixon en 1971 y amplificada por Ronald Reagan en los años ochenta. En aquel entonces, el gobierno de Estados Unidos también construyó una narrativa homogénea sobre el enemigo, primero contra los cárteles de Medellín y Cali en Colombia, y luego contra los cárteles mexicanos. El mecanismo de fondo es el mismo: se simplifica una realidad compleja y fragmentada para justificar una intervención que, en la práctica, ha fracasado en reducir el consumo interno de drogas en Estados Unidos y ha generado una espiral de violencia en los países productores. La crítica de Zavala no es nueva, pero cobra fuerza porque ahora se enmarca en un momento de revisión de la estrategia prohibicionista, aunque nadie en Washington esté dispuesto a abandonarla por completo.

Para el ciudadano normal, esta disputa narrativa tiene efectos directos en su bolsillo y en sus derechos. La política antidrogas de Estados Unidos financia programas de erradicación y militarización que, en México, se traducen en operativos que a menudo violan derechos humanos sin que haya rendición de cuentas. Además, la percepción de que los cárteles son un bloque homogéneo y todopoderoso justifica la militarización de la vida civil, el aumento de la vigilancia digital y la restricción de libertades bajo el argumento de la seguridad nacional. En términos económicos, el gasto en seguridad absorbe recursos que podrían destinarse a salud o educación, mientras que el consumidor estadounidense sigue financiando indirectamente el mercado negro de drogas con su demanda, sin que las políticas de reducción de daños sean una prioridad real.

En las próximas semanas, conviene vigilar si la declaración de Zavala genera una respuesta oficial de la Casa Blanca o si la Embajada de Estados Unidos en México emite algún comunicado matizando la postura de su gobierno. También hay que observar las declaraciones de los comités de asignaciones presupuestarias del Congreso estadounidense, donde se discute el próximo presupuesto para la lucha antidrogas en el extranjero. El lugar donde mirar es la prensa especializada en seguridad y diplomacia, como InSight Crime o el sitio de Wilson Center, así como los boletines de la propia DEA y del Departamento de Estado, que suelen responder con informes técnicos cuando sienten cuestionada su labor.