Asesinato de coronel retirado y dos exmilitares en Cauca, Colombia

La esposa del coronel retirado Libardo Osorio denunció el asesinato de su esposo mientras montaba bicicleta en Cauca. Las víctimas fueron identificadas como el coronel (r) Libardo Osorio y los mayores (r) Harold Sánchez y Rodrigo Amórtegui. El conflicto en Cauca ha dejado un saldo de víctimas en la región.

Análisis GNP

El reciente asesinato del coronel retirado Libardo Osorio y los mayores retirados Harold Sánchez y Rodrigo Amórtegui en el departamento del Cauca, Colombia, representa un grave incidente que subraya la persistente fragilidad de la seguridad en ciertas regiones del país. Este trágico suceso, denunciado por la esposa del coronel Osorio, ocurrió mientras los exmilitares realizaban actividades cotidianas, exponiendo la vulnerabilidad de la población civil y de aquellos con un pasado en las fuerzas armadas.

Este acto de violencia no solo conmociona a la sociedad colombiana por la pérdida de vidas humanas, sino que también genera profundas interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la integridad de sus ciudadanos, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. La identidad de las víctimas, exmiembros de las fuerzas militares, añade una capa de complejidad al análisis, sugiriendo posibles motivaciones que van desde la retaliación hasta la desestabilización.

Desde Global News Pocket, este lamentable episodio es analizado como un indicativo preocupante de la compleja dinámica de violencia que continúa azotando al Cauca. La región, un epicentro de disputas territoriales y presencia de grupos armados ilegales, sigue siendo un foco de inestabilidad, donde la paz es un anhelo distante y la seguridad una promesa incumplida para muchos de sus habitantes.

Puntos clave

• La vulnerabilidad de exmilitares y excombatientes: Este incidente pone de manifiesto la grave situación de seguridad que enfrentan los miembros retirados de las fuerzas militares, así como los excombatientes de grupos armados, en un contexto de posconflicto. Su asesinato sugiere que pueden ser objetivos de grupos armados por diversas razones, desde venganzas hasta mensajes de intimidación.
• Recrudecimiento de la violencia en el Cauca: El crimen es un síntoma del escalamiento de la violencia en el departamento, donde la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales ha generado un aumento de homicidios, extorsiones y enfrentamientos, afectando gravemente a la población civil y a figuras públicas o con un pasado relevante.
• Desafío a la autoridad estatal: El asesinato de los exmilitares en una zona de alta conflictividad representa un claro desafío a la autoridad del Estado colombiano y a su capacidad para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. La impunidad en estos casos socava la confianza en las instituciones y fortalece el poder de los actores armados ilegales.
• Impacto en la percepción de seguridad y la consolidación de la paz: Este tipo de eventos trágicos erosiona la percepción de seguridad de la ciudadanía y genera desconfianza en los procesos de paz y la construcción de un futuro más estable. La persistencia de la violencia en el Cauca es un obstáculo fundamental para la consolidación de la paz duradera en Colombia.

Contexto

El departamento del Cauca ha sido históricamente uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en Colombia, caracterizado por una confluencia de factores que alimentan la violencia. Su ubicación estratégica, que facilita el tránsito de economías ilícitas como el narcotráfico, sumada a la riqueza de sus recursos naturales y la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas con profundas disputas por la tierra, lo convierten en un polvorín permanente. Diversos grupos armados, incluyendo disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales, se disputan el control territorial y de las rutas del narcotráfico.

Esta compleja realidad ha generado un ciclo de violencia ininterrumpido a lo largo de décadas, donde los acuerdos de paz no han logrado desmantelar por completo las estructuras armadas ilegales ni establecer una presencia estatal efectiva en todo el territorio. La persistencia de la violencia, los desplazamientos forzados, las masacres y los asesinatos selectivos son una constante que refleja la incapacidad de las autoridades para consolidar la paz y garantizar la seguridad de la población. El reciente asesinato de los tres exmilitares se inscribe en este sombrío panorama, evidenciando que el conflicto, aunque transformado, sigue latente y cobrando vidas.

La Realidad Detrás

Lo que los medios mainstream callan

Quien se beneficia realmente de esta noticia es la narrativa de seguridad que el Gobierno Nacional necesita sostener en el Cauca, una zona donde la presencia del Estado es débil y donde la violencia se ha normalizado. Cada asesinato de un oficial retirado o de exmilitares refuerza la tesis de que el conflicto es una amenaza activa, lo que justifica mantener el pie de fuerza y la inversión en defensa en una región estratégica. El beneficio no es económico para las víctimas, sino político para quienes necesitan mostrar resultados contundentes contra los grupos armados, y también para los actores locales que usan el caos para consolidar su control territorial. Nadie gana con la muerte de estos hombres, pero hay quienes sí capitalizan el miedo que genera para pedir más presupuesto militar o para endurecer la política de paz total.

Los intereses económicos y geopolíticos en el Cauca son enormes y explican por qué la violencia no cesa: la región es clave para el narcotráfico, la minería ilegal y el control de corredores hacia el Pacífico. Las disidencias de las Farc, el ELN y los grupos paramilitares que sobreviven bajo otras siglas pelean por estas rentas, y cualquier presencia militar o de exmilitares en la zona es vista como una amenaza directa a sus negocios. Quien tiene poder de decisión aquí no es solo el presidente Gustavo Petro, sino también los mandos medios de las estructuras armadas, que deciden quién vive y quién muere en el terreno. La Fiscalía y las autoridades militares tienen la obligación de investigar, pero su capacidad real de acción en esas montañas es limitada, y eso lo saben tanto los victimarios como las víctimas.

El precedente histórico público y conocido es el de los asesinatos selectivos de líderes sociales y excombatientes en el posacuerdo de 2016, donde la firma del pacto no detuvo la violencia sino que la reconfiguró. En ese caso, como ahora, los blancos fueron personas que por su pasado militar o su rol social representaban un símbolo de un bando en un conflicto que nunca terminó del todo. El mecanismo de fondo es claro: cuando el Estado no ejerce monopolio de la fuerza en un territorio, los grupos armados llenan ese vacío y eliminan a quienes consideran obstáculos o trofeos. La diferencia es que un coronel retirado tiene más visibilidad que un campesino, pero la lógica de la violencia es la misma: demostrar poder mediante el crimen.

Al ciudadano normal esto le afecta en su bolsillo y en sus derechos de manera directa. Cada asesinato de este tipo obliga a redoblar la seguridad con recursos públicos, lo que significa más impuestos o recortes en otros rubros sociales. Además, la percepción de inseguridad en el Cauca encarece los productos agrícolas que salen de esa región, como el café, y afecta el turismo y la inversión local. En cuanto a derechos, la población civil queda atrapada entre los grupos armados y la respuesta militar, con toques de queda, restricciones a la movilidad y un temor constante que limita su libertad. Nadie que no viva allí entiende el costo humano de que un coronel no pueda montar bicicleta sin ser asesinado.

Lo que conviene vigilar en las próximas semanas es si la Fiscalía logra identificar a los autores materiales e intelectuales, y si el Ejército responde con operaciones de castigo o con diálogos que no llegan a nada. También hay que mirar si el Gobierno Nacional utiliza este caso para justificar una escalada militar en el Cauca o si, por el contrario, lo usa como argumento para acelerar las negociaciones de paz, aunque sea a costa de ceder territorio. El lugar donde mirar es la prensa local del Cauca, que suele tener más datos que los comunicados oficiales, y los informes de la Defensoría del Pueblo sobre alertas tempranas en la región. Si en treinta días no hay capturas, el mensaje será que el Estado no puede proteger ni a sus propios retirados, lo que sería un golpe demoledor para la institucionalidad.