De la Espriella da un ultimátum y declara objetivo militar a dos cabecillas de guerrillas en el norte del país

El presidente electo de Colombia , el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ha dado un mes de plazo para «someterse a la Justicia» a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a otro del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), declarándolos «objetivo militar» y amenazando, en caso contrario, con actuar «con toda la capacidad legítima» en respuesta. En un acto celebrado en Cúcuta, ciudad del Norte de Santander próxima a la frontera

Análisis GNP

La declaración del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que otorga un ultimátum de un mes a cabecillas del ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC para someterse a la justicia, marca una señal inequívoca de la dirección que tomará su administración en materia de seguridad nacional. Este anuncio, realizado incluso antes de asumir formalmente el cargo, establece un tono confrontacional y define una estrategia de "mano dura" contra los grupos armados ilegales.

Esta postura radical representa un quiebre sustancial con enfoques anteriores que priorizaban el diálogo y la negociación como vía principal para la resolución del conflicto interno. Al declarar a estos líderes como "objetivo militar" si no acatan el ultimátum, De la Espriella eleva la apuesta, augurando una intensificación de las operaciones militares y una posible escalada de la violencia en el norte del país, con repercusiones humanitarias y sociales.

La medida no solo busca reafirmar la autoridad del Estado y la primacía de la ley, sino que también consolida el perfil de un liderazgo que promete restaurar el orden y la seguridad mediante la fuerza. Sin embargo, la efectividad de tal estrategia y sus consecuencias a largo plazo para la estabilidad regional y la consecución de una paz duradera en Colombia serán objeto de un escrutinio constante por parte de la comunidad internacional y los actores internos.

Puntos clave

• Escalada de la confrontación: El ultimátum anticipa una intensificación de las operaciones militares contra el ELN y las disidencias de las FARC, aumentando el riesgo de violencia y desplazamiento en las zonas afectadas.
• Reafirmación de la postura de seguridad: De la Espriella consolida su promesa de campaña de una "mano dura" contra la criminalidad y la insurgencia, marcando una ruptura clara con las políticas de diálogo de gobiernos anteriores.
• Implicaciones para futuros procesos de paz: La declaración reduce drásticamente el espacio para futuras negociaciones o acercamientos con estos grupos, priorizando la vía militar y judicial sobre la diplomática.
• Impacto en la estabilidad regional: La intensificación del conflicto interno podría tener repercusiones en las zonas fronterizas, especialmente con Venezuela, donde se ha reportado la presencia de grupos armados colombianos.

Contexto

Colombia ha sido escenario de uno de los conflictos armados internos más prolongados y complejos de América Latina, con actores como las FARC, el ELN y diversos grupos paramilitares y disidentes. El proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmado en 2016 bajo la administración de Juan Manuel Santos, buscó poner fin a décadas de confrontación, pero enfrentó críticas significativas y dio origen a facciones disidentes que rechazaron los acuerdos, como el Frente 33.

El Ejército de Liberación Nacional, por su parte, ha mantenido una presencia activa y una dinámica de negociación intermitente con sucesivos gobiernos, sin llegar a un acuerdo de paz definitivo. La figura de Abelardo de la Espriella, descrito como ultraderechista, emerge de un espectro político que tradicionalmente ha abogado por soluciones militares y ha cuestionado la eficacia y la legitimidad de los procesos de negociación con grupos armados, percibiendo cualquier concesión como una debilidad del Estado.

La Realidad Detrás

Lo que los medios mainstream callan

Esta noticia beneficia directamente a la administración de Abelardo de la Espriella y a los sectores militares y paramilitares que lo apoyan. Al declarar "objetivos militares" a cabecillas específicos, el gobierno electo no busca justicia, sino una excusa para intensificar la guerra sucia sin rendir cuentas. Los verdaderos beneficiarios son los contratistas de defensa, las empresas mineras ilegales y los terratenientes que operan en el norte del país, pues una escalada del conflicto les permite justificar el despojo de tierras y la eliminación de competidores bajo el manto de la "lucha contra la guerrilla". La población civil, atrapada entre dos fuegos, es la única que pierde.

Detrás de este ultimátum hay intereses económicos y geopolíticos profundos que los medios mainstream callan. El norte de Colombia es una zona clave para el narcotráfico, la minería ilegal de oro y los corredores de la cocaína hacia Centroamérica. Grupos paramilitares y multinacionales mineras han estado disputando el control de estos territorios con las guerrillas. De la Espriella, un aliado de la ultraderecha internacional, está presionado para mostrar resultados rápidos que aseguren contratos de seguridad y extracción de recursos a sus patrocinadores. Lo que no se dice es que esta declaración es una señal para que los grupos armados se reorganicen o se alíen con el Estado, mientras se criminaliza a cualquier oposición social.

Históricamente, declarar "objetivos militares" a líderes guerrilleros ha sido el preludio de masacres y falsos positivos en Colombia. Recordemos la política de "seguridad democrática" de Álvaro Uribe, que usó el mismo lenguaje para justificar ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. El Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN ya han sido víctimas de esta retórica en el pasado; lo que sigue es una cacería que no distingue entre combatientes y campesinos. El ultimátum de un mes es una trampa: si no se entregan, se legitima una ofensiva total; si se entregan, se les juzgará en tribunales que ya han demostrado ser fachadas para la impunidad.

Para el ciudadano normal, esto se traduce en un aumento inmediato de la inflación y la inseguridad. La escalada militar en el norte cortará rutas comerciales, encareciendo los alimentos y el combustible. Además, el gobierno de De la Espriella usará esta crisis para justificar recortes en derechos laborales y sociales bajo el pretexto de "emergencia de seguridad". Los impuestos subirán para financiar la guerra, mientras los servicios públicos se deterioran. El ciudadano perderá libertad de movimiento y expresión, pues cualquier crítica será tildada de "apología al terrorismo". Su bolsillo pagará los platos rotos de una guerra que solo beneficia a una élite armada.

En las próximas semanas, debes vigilar tres cosas: primero, si aparecen denuncias de masacres o desplazamientos forzados en el norte que los medios oficiales intenten ocultar. Segundo, si el gobierno decreta estados de excepción que limiten derechos constitucionales. Tercero, si las fuerzas militares reciben un presupuesto extra aprobado a toda prisa en el Congreso, mientras se recortan partidas para salud y educación. Cualquier movimiento de De la Espriella para militarizar aún más el país debe ser visto como una cortina de humo para un saqueo mayor.