Militares asumen seguridad pública en América Latina

Perú se suma a la tendencia de recurrir a los militares para tareas de orden público. Esta práctica ha generado preocupación sobre los derechos civiles en la región. La lucha contra el narcotráfico es el principal motivo de esta medida en varios países de la región

Análisis GNP

La creciente delegación de responsabilidades de seguridad pública a las fuerzas armadas en América Latina representa una evolución significativa en la gestión del orden interno. Esta tendencia, ahora evidenciada con la incorporación de Perú a dicho modelo, subraya un cambio estratégico en la respuesta estatal frente a desafíos complejos. Históricamente, las funciones de defensa nacional y seguridad interna han estado claramente delimitadas, con la policía civil a cargo de esta última, pero esa separación parece diluirse ante la presión de nuevas amenazas.

El principal catalizador de esta reorientación es la implacable lucha contra el narcotráfico, un flagelo que ha desbordado las capacidades de muchas instituciones policiales en la región. La magnitud y sofisticación del crimen organizado transnacional han llevado a varios gobiernos a considerar que solo el poder de fuego y la disciplina militar pueden hacer frente a estas estructuras, justificando así el despliegue de efectivos castrenses en roles que tradicionalmente no les correspondían.

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de controversia y genera una profunda preocupación en torno a los derechos civiles y el fortalecimiento democrático. La doctrina militar, enfocada en el uso de la fuerza y la confrontación con enemigos externos, difiere fundamentalmente de la filosofía de seguridad ciudadana, que prioriza la protección de los derechos y la proximidad con la población. El potencial impacto en las libertades individuales y la militarización de la vida civil constituyen un debate central en la agenda regional.

Puntos clave

• La militarización de la seguridad pública es una tendencia regional creciente en América Latina, con Perú sumándose a esta práctica.
• La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es el principal motor y justificación para el despliegue militar en tareas de orden interno.
• Existe una preocupación significativa sobre las implicaciones de esta medida para los derechos civiles y la calidad democrática en los países involucrados.
• La eficacia a largo plazo y las consecuencias de debilitar a las instituciones policiales civiles son temas de debate persistente.

Contexto

América Latina posee una relación histórica compleja y a menudo traumática con sus fuerzas armadas, especialmente en lo que respecta a su participación en asuntos internos. Durante gran parte del siglo XX, muchos países de la región experimentaron periodos de dictaduras militares y regímenes autoritarios, donde los ejércitos asumieron el control del Estado, reprimiendo disidencia y violando sistemáticamente los derechos humanos. Tras las transiciones a la democracia en las décadas de 1980 y 1990, se buscó un proceso de profesionalización y despolitización de las fuerzas armadas, confinándolas a su rol constitucional de defensa de la soberanía externa y sometiéndolas al poder civil.

No obstante, la debilidad institucional de las policías, la corrupción endémica y el crecimiento exponencial del crimen organizado y el narcotráfico desde principios del siglo XXI, crearon un vacío de poder y seguridad que los gobiernos civiles se vieron tentados a llenar con la capacidad operativa de los militares. Países como México, Colombia, Honduras y El Salvador, entre otros, han implementado diversas formas de participación militar en tareas de seguridad pública, argumentando la urgencia y la excepcionalidad de la situación, lo que ha reabierto un capítulo delicado en la relación entre sociedad, Estado y fuerzas armadas.

La Realidad Detrás

Lo que los medios mainstream callan

Quien sale ganando con el despliegue de militares en las calles no es el ciudadano común, sino los gobiernos que necesitan mostrar resultados inmediatos contra el crimen sin asumir el costo político de reformar las policías. La imagen de mano dura vende y distrae, pero el beneficio real es para las cúpulas castrenses, que amplían su presupuesto y su poder de decisión interna, y para los políticos que trasladan a los uniformados un problema que la institución policial no ha podido resolver por años de abandono y corrupción. El ciudadano, mientras tanto, recibe una promesa de seguridad que llega con el precio de ver a soldados armados en su esquina, una medida que no ataca las causas del delito.

Los intereses económicos y geopolíticos son enormes y tienen nombres concretos. Estados Unidos, a través de su estrategia antinarcóticos, presiona a los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador para que usen a sus fuerzas armadas en la lucha contra el tráfico de drogas, y esa presión viene acompañada de financiamiento, equipamiento y asesoría militar. Las grandes corporaciones de defensa, como Lockheed Martin o Raytheon, ven un mercado creciente en la región cuando los ejércitos necesitan aviones, radares y sistemas de vigilancia. Los gobiernos locales, como el de Dina Boluarte en Perú, tienen la última palabra, pero la decisión de militarizar el orden público responde a una lógica donde la seguridad se negocia como un producto, no como un derecho.

El mecanismo de fondo no es nuevo: en las décadas de 1980 y 1990, varios países sudamericanos recurrieron a los militares para combatir a la insurgencia y al narcotráfico, y el resultado documentado fue un aumento de las denuncias por abusos, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra poblaciones civiles. Perú ya vivió esta experiencia durante el conflicto interno, y Colombia la repitió en el marco del Plan Colombia, con un saldo de violaciones a derechos humanos que las organizaciones internacionales han registrado durante años. La diferencia es que hoy la justificación es el crimen organizado, pero el patrón de fondo es el mismo: cuando el poder civil delega la seguridad pública en las fuerzas armadas, se pierde el control democrático sobre el uso de la fuerza.

Para el ciudadano de a pie, el impacto es doble y contradictorio. Por un lado, puede sentir que hay más presencia disuasoria en su barrio, pero por otro, ve que sus derechos se estrechan: los militares no están entrenados para actuar como policía, no responden ante las mismas autoridades civiles y, en la práctica, la rendición de cuentas se diluye. En el bolsillo, la militarización no baja los precios ni crea empleo, pero sí desvía recursos públicos que podrían ir a educación, salud o a una policía mejor pagada y equipada. Además, la presencia militar en zonas urbanas suele venir acompañada de controles que afectan el comercio informal, una fuente de sustento para millones de personas en la región.

En las próximas semanas conviene vigilar dos frentes concretos. Primero, los decretos y leyes que cada gobierno emita para formalizar el rol de los militares, porque ahí se definirá si tienen facultades de arresto o solo de apoyo, y eso marca la diferencia entre un estado de excepción y una normalidad militarizada. Segundo, los informes de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, que ya han alertado sobre esta tendencia en la región. También hay que mirar las cifras de homicidios y secuestros: si la militarización no las reduce en meses, el argumento de la urgencia se cae, y lo que queda es un cambio estructural en la relación entre el poder civil y el castrense.